Adjudicar un contrato público mediante procedimiento negociado
¿Qué significa adjudicar un contrato público mediante procedimiento negociado?
La adjudicación de un contrato público mediante procedimiento negociado es un método de contratación utilizado por las entidades gubernamentales que permite la asignación de contratos a proveedores seleccionados mediante negociaciones directas, en lugar de seguir el proceso tradicional de licitación abierta.
Importancia del Procedimiento Negociado
Este tipo de procedimiento es relevante en situaciones donde:
Se requiere una mayor flexibilidad en la contratación.
Existencia de condiciones especiales que hacen difícil la competencia abierta.
Necesidad de rapidez en la toma de decisiones, como en situaciones de urgencia.
Características del Procedimiento Negociado
El procedimiento negociado tiene varias características clave:
Selección directa: Las entidades públicas pueden seleccionar a los proveedores sin abrir el proceso a todas las empresas interesadas.
Negociación: Se permite la discusión y el ajuste de condiciones durante el proceso, lo que no es posible en las licitaciones tradicionales.
Menos formalidades: Los requisitos administrativos y documentales suelen ser menos estrictos que en otros procedimientos de adjudicación.
Condiciones para su Uso
El uso del procedimiento negociado no es arbitrario y está sujeto a ciertas condiciones. Algunos de los casos más comunes incluyen:
Cuando solo hay un proveedor capaz de satisfacer las necesidades del contrato.
En situaciones de emergencia que requieren una rápida acción.
Para contratos de baja cuantía económica donde el coste de un proceso abierto no se justifica.
Aplicaciones del Procedimiento Negociado
Las aplicaciones del procedimiento negociado incluyen:
Contratación de servicios especializados, como consultoría o investigación.
Compra de bienes y productos escasos en el mercado.
Adquisiciones en situaciones de crisis o emergencia, como durante desastres naturales.
Consideraciones Finales
Aunque el procedimiento negociado ofrece grandes ventajas en términos de flexibilidad y eficiencia, también plantea desafíos en cuanto a la transparencia y la competencia. Es fundamental que las entidades que opten por este método mantengan una adecuada documentación y justificación de sus decisiones para asegurar la integridad del proceso de contratación pública.
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